Registro Oficial del día: Ecuador promulga la Ley Antimafias

El 11 de noviembre de 2026, el Gobierno de la República del Ecuador publicó en el Octavo Suplemento del Registro Oficial Número 407 la Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado Frente al Crimen Organizado, denominada Ley Antimafias. La normativa fue discutida y aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional en primer debate el 27 de agosto de 2026 y en segundo debate el 09 de noviembre de 2026, fecha en la que se emitió el oficio suscrito por la presidenta de la función legislativa, Mishel Mancheno Dávila. Posteriormente, el presidente Daniel Noboa Azín sancionó el proyecto en la ciudad de Manta el 11 de noviembre de 2026, previo a la remisión del documento realizada por el secretario general jurídico de la Presidencia, Aldrin Gómez Valdiviezo. De conformidad con la Disposición Final Única, el cuerpo legal entró en vigencia inmediatamente tras su publicación oficial.

Reformas al Código Orgánico Integral Penal en tipificación y sanción

La nueva ley introduce modificaciones sustanciales al Código Orgánico Integral Penal, reestructurando las sanciones para el delito de delincuencia organizada con penas privativas de libertad de 22 a 26 años para quienes constituyan grupos estructurados y de 26 a 30 años para quienes ejerzan funciones de mando, dirección o financiamiento. Asimismo, establece penas de 30 a 34 años de prisión cuando la organización tenga como finalidad cometer delitos de narcotráfico, terrorismo, sicariato, secuestro extorsivo o lavado de activos, e incorpora nuevos tipos penales como el desplazamiento interno forzado por violencia criminal con penas de 7 a 10 años, el confinamiento forzado con penas de 5 a 7 años, la pertenencia funcional y la captación de personas mayores de edad. En el ámbito del concurso real de infracciones, la reforma sustituye las reglas previas para elevar el límite máximo de acumulación de penas hasta 60 años de privación de libertad cuando concurran tres o más delitos dolosos autónomos e independientes cuya suma exceda los 40 años.

Régimen sancionatorio para delitos en sectores estratégicos e hidrocarburos

En materia de delitos contra la actividad hidrocarburífera, la normativa adiciona el artículo 78.2 al Código Orgánico Integral Penal para determinar que la reparación material al Estado por el producto involucrado se calculará multiplicando la cantidad de producto por la suma del doble del precio unitario oficial de venta en terminal y el valor unitario del subsidio estatal aplicable. Además, se imponen penas de uno a tres años de cárcel por la paralización del servicio de abastecimiento de combustibles, las cuales se elevan de cinco a siete años si causan desabastecimiento en dos o más provincias o financian a grupos delictivos. Para las personas jurídicas responsables de infracciones en este sector, el cuerpo legal fija multas de 500 a 1000 salarios básicos unificados, clausuras temporales de 30 a 180 días, clausuras definitivas en caso de reincidencia y la disolución institucional cuando hayan sido constituidas con el propósito de delinquir.

Inhabilitaciones profesionales y herramientas de investigación legal

En el ámbito del ejercicio profesional del derecho y la contabilidad, la reforma dispone la inhabilitación para ejercer la profesión a abogados o contadores que sean condenados por delincuencia organizada, lavado de activos, cohecho, concusión, tráfico de influencias, asociación ilícita o enriquecimiento ilícito, siempre que se determine en sentencia que emplearon dolosamente su ejercicio técnico para cometer o facilitar la infracción. En el plano procesal penal, se crea la cooperación eficaz reforzada, la cual permite fijar una pena no menor al siete por ciento del mínimo establecido para el delito a favor de los procesados que entreguen datos o elementos verificables que contribuyan a la captura de cabecillas o a la desarticulación de la estructura criminal. Por su parte, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio se modifica para trasladar al titular o beneficiario final la carga probatoria sobre el origen lícito de los bienes dentro de un plazo de 15 días posterior a la notificación oficial.

Disposiciones transitorias y plazos de implementación institucional

Para la aplicación del nuevo marco legal, el ente encargado de la administración y gestión inmobiliaria del sector público dispone de un plazo de 90 días contados desde la entrada en vigencia del texto para expedir la normativa secundaria relativa al régimen especial de custodia de bienes incautados. En el mismo lapso de 90 días, el Consejo de la Judicatura debe adecuar su sistema de registro y comprobación para ejecutar las inhabilitaciones profesionales del ejercicio de la abogacía dispuestas en sentencia ejecutoriada. Adicionalmente, la autoridad competente en regulación de hidrocarburos cuenta con un término de 60 días para actualizar los parámetros técnicos, escalas, marcadores químicos y sustancias trazadoras de uso obligatorio en la cadena de transporte y comercialización de combustibles.

Fuente: Registro Oficial Año ll Octavo Suplemento No. 407 del 11 de noviembre de 2026